CONTRIBUCIÓN
La Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo, al frente de la cual se encuentra el fiscal Antonio Vercher, fue creada en 2006 y ha conseguido mejorar la persecución de los delitos ambientales en nuestro país. En el momento de otorgar el premio, está entidad está compuesta por 153 fiscales especialistas distribuidos por todo el país, con un fiscal de sala jefe a la cabeza, al que asisten tres fiscales adscritos. Se integran además en la institución una Unidad Técnica, conformada por científicos, y una Unidad Policial, a la que se han incorporado miembros del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) y representantes del Cuerpo Nacional de Policía y Agentes Forestales. El equipo se completa con el personal auxiliar y de administración.
Es necesario que el Estado se dote de instrumentos que puedan perseguir de oficio los atentados contra el bien común. Esa es la tarea que lleva a cabo con alta eficacia la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo. En opinión de jurado, su labor “ha sido crucial para la reducción de los incendios forestales, la corrupción urbanística, la contaminación atmosférica, el tráfico ilegal de especies, el maltrato animal, el uso de cebos envenenados y la conservación de recursos como el agua”.
Además, el jurado reconoce que la Fiscalía “se ha basado siempre en el mejor conocimiento científico” y ha contribuido “a profundizar en las causas de los delitos ambientales y a una línea de actuación orientada a la prevención de agresiones a la naturaleza”.
Los delitos de los que se ocupan los fiscales de Medio Ambiente van mucho más allá de lo recogido en la primera norma de 1983. El Código Penal actual considera el medio ambiente en sentido amplio, e incorpora “la ordenación del territorio, el patrimonio histórico, los malos tratos a los animales domésticos, los estragos ambientales y los incendios forestales, siguiendo con ello las pautas consustanciales, a su vez, al concepto de desarrollo sostenible”, explica Antonio Vercher.
Se persiguen por tanto delitos muy diversos, y con una complejidad técnica cada vez mayor. La investigación de un gran incendio, por ejemplo, puede requerir años, entre otras cosas porque cubre no solo los efectos sobre la superficie, sino también en el subsuelo. «Un incendio inmediatamente implica la contaminación del acuífero, y después de la primera lluvia se convierte en un terreno impermeable. Calcular el impacto de estos fenómenos nos lleva tiempo», afirma Antonio Vercher.
En opinión de jurado, su labor “ha sido crucial para la reducción de los incendios forestales, la corrupción urbanística, la contaminación atmosférica, el tráfico ilegal de especies, el maltrato animal, el uso de cebos envenenados y la conservación de recursos como el agua”.
Además, el jurado reconoce que la Fiscalía “se ha basado siempre en el mejor conocimiento científico” y ha contribuido “a profundizar en las causas de los delitos ambientales y a una línea de actuación orientada a la prevención de agresiones a la naturaleza”.