A lo largo del último lustro, las grandes reformas en la Hacienda Pública española se han dirigido a tres objetivos principales: reestructurar el sistema fiscal al servicio del crecimiento económico, garantizar la estabilidad presupuestaria y completar la descentralización de competencias y de mecanismos de financiación a favor de las Comunidades Autónomas.
En este marco, las Haciendas Locales se han visto afectadas por el proceso de modo indirecto pero relevante. Así, los imperativos de la estabilidad presupuestaria condicionan desde 2003 los presupuestos de las Corporaciones Locales, que han visto reformarse su sistema de financiación recientemente. Queda ahora profundizar en la que se ha dado en llamar “segunda descentralización”, a partir de la articulación del Pacto Local, que quiere hacer efectivo el principio de subsidiariedad en pos de la mejora en la calidad de los servicios locales. Y todo ello en el contexto de la integración europea y la globalización.