Alfredo Pérez de Armiñán aboga por instaurar los cascos azules del patrimonio para proteger bienes culturales en conflictos internacionales

Aunque los conflictos bélicos han sido la ocasión, desde el comienzo de la historia, para el vandalismo y pillaje de monumentos y obras de arte, “la guerra contemporánea se caracteriza por una destrucción masiva y por la incorporación del conjunto de la población al conflicto. La guerra, desde la Revolución Francesa a la actualidad, es una guerra total: implica a todo el país y no solo a los contendientes armados y trae la destrucción, por ejemplo, de ciudades enteras. Es un conflicto mucho más intenso y extenso que los propios de la Antigüedad”. Así lo ha explicado Alfredo Pérez de Armiñán, vicedirector-tesorero de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y jurista especializado en la protección y gestión del patrimonio cultural, en la conferencia “Patrimonio y conflicto”, segunda entrega del ciclo “Las artes y los confinamientos en los siglos XX y XXI”, que la institución creada en 1752 y la Fundación celebran hasta el 8 de octubre.

Quien fuera director de Patrimonio Nacional entre 2015 y 2020 hace notar, además, que a partir de la Revolución Francesa la guerra adquiere un carácter “más ideológico” que tiene “un especial impacto sobre el arte. La guerra busca la exportación del ideal revolucionario y eso implica la destrucción o el secuestro de los bienes culturales asociados simbólicamente a las ideas que se pretendía combatir, destruir o sustituir. Eso explica que en la Guerra de la Independencia hubiera destrucción y saqueos sistemáticos de monasterios e iglesias, porque las tropas de Napoleón estaban imbuidas de ideales contrarios a lo que se entendía que era la alianza entre la Corona y la Iglesia en el Antiguo Régimen”.

Entrevista con Alfredo Pérez de Armiñán

“La vertiente de poder masivo de destrucción alcanzaría su culmen con las dos guerras mundiales, pero la respuesta de los gobiernos para la protección del patrimonio fue paulatina. No hay una preocupación internacional hasta la constitución de la Unesco en 1945 y la Convención de 1954 sobre la Protección de Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, adoptada en La Haya (Países Bajos)”, relata Pérez de Armiñán.

Una historia de éxitos y fracasos

La Convención establece la tanto la obligación de proteger el propio patrimonio como la posibilidad de que los países marquen determinados monumentos para preservarlos de los ataques externos, pero esta idea no fue nueva ni siempre se ha cumplido a partir de la promulgación de la norma internacional y pese a que ha sido ratificada por más de 130 países. “Existen precedentes históricos de acciones preventivas como, durante la Segunda Guerra Mundial, el traslado a lugares seguros de obras de los grandes museos, desde el Louvre hasta la National Gallery. En Madrid, en el año 36, la Embajada Británica puso una bandera sobre el Instituto Valencia de Don Juan, que estaba asociado a la Universidad de Oxford, para evitar ataques. Se le consideró una propiedad británica, aunque no lo era. De igual manera, durante el gran bombardeo de Bolonia de 1944 se evitó la destrucción del Colegio de España -un edificio emblemático cuyo origen se remonta al siglo XIV- con la protección que dispuso la embajada española en Italia en aquella época; y salvó el edificio”, ilustra el jurista.

En la historia reciente se produce un punto de inflexión, lamenta Pérez de Armiñán, con “la destrucción de los Budas de Bāmiyān, que en 2001 ordenó el régimen talibán en Afganistán. Se puso de manifiesto hasta qué punto el patrimonio podía ser víctima de razones puramente ideológicas, que se impusieron a cualquier consideración cultural. Otro caso notable por su impacto fue la destrucción de grandes monumentos y restos arqueológicos en Siria, especialmente en Palmira o Alepo, que simbolizan el poder enormemente devastador de la guerra en Oriente Próximo. A ellas se suman las destrucciones en Mosul o Nínive que se produjeron por la guerra de Irak”.

En busca de soluciones

En este contexto se inserta la experiencia internacional de Pérez de Armiñán, que fue director general de Cultura en la Unesco entre 2014 y 2015. “Un problema de la Convención de 1954 es que no contempla una acción coetánea al ataque. La Unesco ha intentado varias veces -por iniciativas que han liderado países como España e Italia- montar lo que se podría llamar los cascos azules del patrimonio, es decir, que haya una protección específica a base de una fuerza armada internacional. Pero no se ha conseguido. Es verdad que las operaciones de paz de Naciones Unidas tienen entre sus objetivos la preservación del patrimonio cultural en términos generales, pero habría que dedicar fuerzas especiales muy bien entrenadas para proteger ciertos lugares. Por ejemplo, si mañana hay un bombardeo sobre Leópolis, que es patrimonio de la humanidad de la Unesco y la ciudad con el mayor número de monumentos arquitectónicos de Ucrania, es muy difícil evitar destrucciones de la ciudad. Se podría quizá sortear el daño a algunos monumentos (señalándolos, como establece la Convención de 1954), pero todavía no se han encontrado mecanismos realmente eficaces para la protección previa”.

Con todo, se han producido avances significativos mediante otras fórmulas. Según explica el ponente “hay medidas que se están empezando a utilizar para la protección reactiva. Por ejemplo, la prohibición de tráfico de bienes culturales procedentes de determinados países. Ese es un precedente importantísimo que se planteó por primera vez en las relaciones internacionales en febrero de 2015 por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, dentro de su competencia para decretar medidas especiales para el mantenimiento de la paz. Se aplicó a bienes culturales procedentes de Siria e implica que, desde el punto de vista jurídico, la adquisición de bienes arqueológicos está siendo sometida a restricciones severas, de modo que se establece el principio de que no puede ser transmitido ningún bien salvo que se pruebe que su procedencia es perfectamente legítima y que no ha salido del país después de 2015. La carga de la prueba se invierte por completo para evitar el expolio de los bienes culturales cuando un lugar se encuentra sumido en el caos. Estas medidas pueden ser eficaces porque, además, se permite la incautación masiva de mercancías cuya procedencia sea dudosa, pues la prohibición se ha extendido también a Libia y en alguna medida a Irak”, concluye.