ESENCIALES Nº 22: INVERSIÓN Y CAPITAL PÚBLICO EN EDUCACIÓN Y SANIDAD TRAS LA CRISIS

La inversión pública en infraestructuras educativas ha caído a la mitad desde 2009 y en sanitarias se ha reducido un 37%

Las medidas de ajuste tomadas por España a partir de 2010 han traído consigo un descenso de las inversiones públicas en algunas infraestructuras tan importantes como las educativas y las sanitarias. Desde 2009, la inversión en las primeras se ha reducido a la mitad en el conjunto del país, mientras que en el sector sanitario lo ha hecho un 37%. Por regiones, las inversiones públicas en educación y sanidad han seguido este mismo patrón, y en algunas de ellas la caída de la inversión ha sido tan intensa que las dotaciones de capital acumuladas durante años ya están empezando a reducirse, con los consiguientes efectos sobre la calidad en la prestación de los servicios públicos.

28 diciembre, 2017

El gasto público ha sido una de las magnitudes más afectadas por la crisis económica que se inició en España a partir de 2008. Aunque en los primeros años se aplicaron políticas expansivas de gasto, desde 2010 se llevaron a cabo  medidas de ajuste con el objetivo de contener los elevados déficits y hacer frente a la denominada crisis de la deuda. Dentro de este contexto de reducción del gasto público, la inversión pública fue uno de los capítulos más afectados. Hasta 2016, y tomando como referencia el máximo de 2009, la inversión pública se ha reducido más de un 60%, situándose en la actualidad en un nivel en el que ni siquiera cubre la depreciación de los capitales acumulados en el pasado.

Entre las funciones de gasto en las que invierte el sector público, además de las infraestructuras de transporte, a las que se suele clasificar como inversiones ‘productivas’ por su carácter complementario de la inversión privada y de factor de crecimiento económico, resultan también muy importantes las inversiones en educación y sanidad, dos funciones de gran relevancia para el bienestar de la población en general, pero que también son importantes para asegurar la calidad de uno de los factores productivos básicos de la economía, el trabajo.

Desde el año 2000 la evolución de la inversión pública en infraestructuras educativas y sanitarias ha seguido un perfil similar al de la inversión pública total: un aumento continuado e intenso hasta 2009 (por encima del resto de funciones públicas) y un notable descenso a partir de 2010.

La caída de la inversión en sanidad es algo menos pronunciada y, aunque ha experimentado un retroceso del 37% desde 2009, en 2015 —último año disponible— todavía está por encima de sus niveles habituales de principios de siglo. Además, en 2014 inició una senda de recuperación.

Sin embargo, la inversión en infraestructuras educativas se ha resentido en mayor medida (-55%) y en la actualidad presenta unos niveles que no llegan a superar la mitad de la inversión realizada en 2009 y que son también inferiores a los niveles del año 2000 (un 12% inferior). Una evolución que sería deseable revertir, dado el papel que la educación tiene en la formación y acumulación de capital humano, uno de los factores impulsores del desarrollo económico a largo plazo.

Este descenso de las inversiones en infraestructuras sanitarias y educativas ha afectado a todas las regiones españolas con una sola excepción: en Cantabria la inversión pública en sanidad ha continuado creciendo en el periodo. El resto de comunidades autónomas ha visto reducir sus inversiones en estos años a unas tasas anuales que oscilan entre el -0,5% de Cataluña y el  25% de Castilla-La Mancha en el caso de las infraestructuras sanitarias y entre el -6% de Cantabria y Andalucía y el -20% del Principado de Asturias en el caso de la educación.

Esta caída de las inversiones públicas ha tenido consecuencias sobre el capital acumulado en infraestructuras educativas y sanitarias del que dispone cada región. En algunas de ellas, el descenso de la inversión pública en los años más recientes ha sido tan intenso que ni siquiera ha logrado cubrir la depreciación de los capitales acumulados. De esta forma, se ha producido un deterioro de las dotaciones de infraestructuras educativas y sanitarias disponibles, que afecta a la calidad de los servicios prestados a los ciudadanos.

Pese a esta reducción en la inversión, en 2014, último año para el que se dispone de datos de stock de capital por regiones, solo en Canarias el capital público por habitante acumulado en infraestructuras educativas era menor que el del año 2000. El resto de las comunidades autónomas todavía tiene unas dotaciones en educación mayores que las de principio de siglo XXI. La comunidad mejor dotada en términos per cápita es Comunidad Foral de Navarra, seguida de Castilla y León y Galicia, las tres con una dotaciones superiores a los 1.200 euros por habitante. En el otro extremo, las dotaciones de Castilla-La Mancha y Andalucía ni siquiera alcanzan los 900 euros por habitante. Durante el periodo analizado, las diferencias entre comunidades autónomas han aumentado un 4% en este ámbito.

La Rioja es la autonomía con mayores dotaciones de infraestructuras sanitarias por habitante, mientras que Navarra lo es en infraestructuras educativas

Por su parte, el análisis para las dotaciones de capital público en sanidad muestra diferencias aún más importantes entre comunidades, que además se ampliaron en los primeros años de crisis, si bien actualmente parece que existe una tendencia a la reducción de estos diferenciales. En la actualidad, la comunidad autónoma mejor dotada en términos de infraestructuras sanitarias públicas por habitante es La Rioja, seguida por Cantabria, ambas con unas dotaciones que superan los 1.500 euros por habitante. Andalucía vuelve a ocupar las últimas posiciones, esta vez junto a la Comunitat Valenciana, Región de Murcia, Principado de Asturias, Cataluña y Canarias, todas ellas con unas dotaciones sanitarias relativas inferiores a la media nacional, situada en 954 euros (casi un 50% por debajo de las regiones mejor dotadas). En el caso de las infraestructuras sanitarias cuatro comunidades han perdido dotaciones por habitante desde el año 2000. Por un lado, las dos que partían con mayores dotaciones relativas, la Comunidad Foral de Navarra y la Comunidad de Madrid, y por otro, las dos comunidades que ocupan los últimos puestos del ranking en la actualidad, la Comunitat Valenciana y Andalucía.

Estas diferencias en términos de dotaciones por habitante tienen consecuencias importantes en la calidad  y la prestación de los servicios sanitarios y educativos públicos en cada territorio. Si bien hay que recordar que estos datos se refieren únicamente al capital público (por lo que unas dotaciones públicas inferiores no tienen por qué significar necesariamente un menor capital total, ya que éste también incluirá las dotaciones de capital de los centros concertados y privados), sería deseable que estos resultados se tuvieran en cuenta a la hora de elaborar las políticas de gasto. Primero, para no desatender este tipo de infraestructuras, y segundo, para reducir las diferencias en términos de dotaciones per cápita que existen actualmente, sobre todo en el caso de las infraestructuras sanitarias.

Para ampliar esta información pueden consultarse: ‘Capital público en España: Evolución y distribución territorial’ (Fundación BBVA 2015).

 

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