Después de haber implantado el euro, la Unión Europea se prepara para la ampliación más importante de su historia y ha trabajado, a través de la Convención Europea en la elaboración de una Constitución que sentara las bases de su integración política. Al mismo tiempo, la economía europea se enfrenta a una delicada situación, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento muestra todas sus limitaciones y la competencia fiscal y social entre las distintas economías nacionales se desarrolla ante la falta de regulaciones supranacionales del mercado único.
Por su parte, la sociedad europea envejece y debe acoger a una inmigración creciente que plantea nuevos problemas de cohesión. Los sistemas de protección social están amenazados por las exigencias de la economía globalizada y del desarme fiscal impulsado por distintos gobiernos. Los sistemas de pensiones de todos los países europeos se enfrentan a las consecuencias de los cambios demográficos y fiscales y plantean la necesidad de una respuesta coordinada y coherente con las políticas presupuestarias.
La exigencia de una competitividad no suficientemente regulada se traduce en el deterioro de las condiciones de trabajo, la deslocalización de actividades dentro y fuera de la Unión y en un preocupante aumento de los riesgos y accidentes laborales. La creciente toma de conciencia social de los problemas ambientales y los compromisos internacionales que la Unión ha adquirido para hacer frente a los problemas globales, en particular el cambio climático, impulsan transformaciones en los modos de producción y consumo que alterarán los precios relativos de los factores, reorientarán la demanda de productos y obligarán a transformaciones de los tejidos productivos que tendrán importantes consecuencias sociales.