La población en edad de estudiar caerá un 13,7% en los próximos quince años, pero con diferencias por regiones y etapas que exigirán planificar la inversión educativa a medida

España lleva tiempo experimentando un intenso proceso de envejecimiento ligado a la baja natalidad y el aumento de la esperanza de vida, con implicaciones preocupantes para la sostenibilidad del Estado del Bienestar. Previsiblemente, las necesidades de gasto en pensiones, dependencia y sanidad van a continuar creciendo de modo notable en el futuro. En ese contexto, la reducción del tamaño de las cohortes de edad más jóvenes, con la consiguiente disminución de las necesidades de gasto educativo que esto podría permitir, contribuiría a aliviar la presión sobre los recursos públicos.

Efectivamente, las últimas proyecciones demográficas del INE muestran una tendencia descendente de la población en edad típica de cursar estudios obligatorios o posobligatorios (población de 6 a 24 años). El descenso previsto es notable, con una caída acumulada del 13,7% hasta 2041 (1,32 millones de personas  menos). Esa tendencia afecta de modo general a todos los niveles de enseñanza obligatoria y posobligatoria, desde la educación primaria hasta los estudios superiores. Por otra parte, las previsiones muestran bastantes diferencias en función de la edad típica de los estudiantes de cada nivel de enseñanza. En el caso de la enseñanza primaria se espera un descenso del 14,5% hasta 2035 y una estabilización posterior; la caída sería más intensa en el caso de la ESO (20,3%) y la secundaria posobligatoria (23,7%), con una disminución continua que llegaría para el conjunto de la secundaria al 21,5% en 2041. En el caso de los estudios superiores, el descenso acumulado sería más reducido, del 8,7%, ya que la tendencia decreciente solo comenzaría a partir de 2032, tras una fase previa de subida. Para el conjunto de la enseñanza obligatoria (primaria y ESO) la caída acumulada sería del 15,4%.

Sin embargo, la materialización de esa potencial reducción en los recursos necesarios para el sistema educativo resulta condicionada por varios factores. En primer lugar, el gasto público por alumno es muy dispar según nivel de enseñanza y notablemente más elevado en el caso de los estudios posobligatorios más avanzados, para los que se prevé una caída más tardía y de menor intensidad de la población en edad típica de cursarlos. Así, en la educación universitaria el gasto público por alumno (11.347 euros) prácticamente duplica el de la educación secundaria y la FP (5.806 euros) o la educación infantil y primaria (4.720 euros). Cuando se considera el conjunto de población de 6 a 24 años, el cambio de composición hacia los grupos de edad más avanzados conllevaría, por tanto, unas mayores necesidades de gasto medio por alumno que anularían en parte los efectos del descenso demográfico global.

En segundo lugar, la evolución prevista de la población con edades previas al inicio de la enseñanza obligatoria es justamente la opuesta a la de la población de 6 a 24 años. En este caso, las proyecciones demográficas muestran un aumento acumulado del 7,5% para los niños con edades correspondientes al segundo ciclo de la educación infantil (3 a 5 años) y el incremento esperado es incluso más intenso, 18%, para las edades correspondientes al primer ciclo de la educación infantil (0-2 años).

Aunque en España la educación infantil no tiene carácter obligatorio, la escolarización es ya prácticamente universal en el caso del segundo ciclo (con tasas del 97%), y es sustancial en el primer ciclo (durante el curso 23-24 con tasas del 15,7% a los cero años, 52,2% con un año y 73,3% a los dos años) y creciente (11,4 puntos más a los dos años que en el curso 18-19). Esto sucede porque ya es apoyada por una participación cada vez más acusada de la financiación pública (el primer ciclo ya es gratuito en el 39,2% de los casos).

Cuando el análisis se amplía al total de población menor de 25 años (incluyendo también a la población menor de 6 años, susceptible de recibir educación infantil), la caída acumulada prevista para la población de 6 a 24 años se modera sustancialmente, pasando del 13,7% al 9,1%.

Finalmente, en tercer lugar, dentro de un patrón global de caída de la población en edad escolar, las proyecciones demográficas apuntan a comportamientos muy dispares entre comunidades autónomas en términos cuantitativos. En todas se prevé un descenso acumulado de la población de 6 a 24 años en el horizonte 2041, pero el retroceso es mucho más moderado en algunas zonas de mayor dinamismo demográfico como la Comunitat Valenciana (‑5%) o Baleares (-8,6%). Por el contrario, en otros casos las caídas superan el 20%, como en Cantabria (‑22,8%), Extremadura (‑23,1%) o las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (por encima del 30%). Las diferencias regionales son igualmente muy notables si se considera el conjunto de población menor de 25 años, con descensos superiores al 15% en algunas comunidades, mientras en otras como la C. Valenciana apenas hay variación. A esto hay que añadir las diferencias que van a continuar produciéndose dentro de cada comunidad (por ejemplo, entre comarcas), fruto de dinámicas demográficas condicionadas por diferencias sustanciales en términos de envejecimiento de la población y de flujos migratorios.

Todos estos aspectos configuran un escenario complejo a la hora de asimilar las circunstancias que el descenso general de la población en edad escolar representa para el conjunto del sistema educativo español. La diversidad de las dinámicas demográficas por niveles de enseñanza y territorios, en ocasiones de carácter opuesto, hace aún más difícil la tarea de asignación de recursos. La reasignación de recursos educativos (tanto de infraestructuras como de personal docente) no siempre resultará sencilla ya que la posibilidad de transferir aulas y personal docente entre niveles educativos (entre infantil, primaria y secundaria; entre FP y bachillerato o entre universidades y estudios preuniversitarios) es, en general, limitada. En cuanto a la capacidad de reasignar los recursos existentes entre comunidades, se enfrenta asimismo a dificultades evidentes. Tampoco faltarán problemas, aunque sea más factible, para hacer cambios dentro de cada comunidad, desde las comarcas menos dinámicas demográficamente hacia las que lo son más.

Variación de población por ciclos de enseñanza 2026-2041. CC. AA. (porcentaje)

Por otra parte, la próxima jubilación de buena parte de los docentes introduce un elemento de flexibilidad potencial en la asignación de recursos que hay que saber aprovechar. En este sentido, los últimos datos disponibles sitúan la edad media de los profesores de las universidades públicas en 49,5 años en el curso 2023-24, con un 18,7% de ellos con 60 o más años. En el caso de la enseñanza secundaria un 35% supera ya los 50 años. Esto aumenta el margen para reorientar los recursos humanos que se incorporen hacia los tipos de formación y los territorios donde resulten más necesarios.

En definitiva, la necesidad de una adecuada planificación de la política educativa, que contemple de modo realista las tendencias demográficas y su impacto territorial, resulta evidente. Ese ejercicio de responsabilidad es fundamental dada la importancia que la educación juega en la vida de las personas, su contribución a la igualdad de oportunidades y su papel como motor del desarrollo económico y el progreso social. Esto resulta aún más necesario en un momento como el actual, en el que cobra más importancia la formación continua a lo largo de la vida y se aspira asimismo a continuar reduciendo el abandono educativo temprano y mejorar la calidad de la educación.

Ante un escenario futuro de creciente presión sobre los recursos públicos para cubrir otras necesidades sociales también fundamentales (como la sanidad, las pensiones o la atención a la dependencia), el reto para las administraciones educativas es resolver el sudoku al que van a enfrentarse en los próximos años. Cobra especial urgencia y reclama un buen aprovechamiento de la información disponible sobre la evolución prevista de las necesidades, derivada de las proyecciones de población.